Llevo varios días dándole vueltas y vueltas al debate suscitado sobre si la sanidad pública debe o no financiar tratamientos de fecundación asistida a mujeres lesbianas o solas y en mis reflexiones ya he hecho el camino de ida y vuelta varias veces, así que he creido oportuno ordenar mis ideas en esta entrada.
La primera conclusión a la que llego es que la respuesta no es sencilla, como en muchas otras cosas, aquí no hay blanco o negro y además es dificil no caer en contradicciones.
El Real Decreto de la Cartera de Servicios del año 2006, para no iniciadas, la norma que dice las prestaciones que ofrece y financia el sistema nacional de salud, dice de manera textual que este tipo de tratamientos se contemplarán "cuando haya un diagnóstico de infertilidad o una indicación clínica establecida".
La primera conclusión a la que llego es que la respuesta no es sencilla, como en muchas otras cosas, aquí no hay blanco o negro y además es dificil no caer en contradicciones.
El Real Decreto de la Cartera de Servicios del año 2006, para no iniciadas, la norma que dice las prestaciones que ofrece y financia el sistema nacional de salud, dice de manera textual que este tipo de tratamientos se contemplarán "cuando haya un diagnóstico de infertilidad o una indicación clínica establecida".
Desde una óptica sanitaria tiene sentido, es fácil de explicar, los ciudadanos y ciudadanas lo entienden bien: el sistema sanitario interviene ante la enfermedad. Ser lesbiana no es una enfermedad, ser mujer sola tampoco, tener relaciones afectivo sexuales con otra mujer es una opción, vivir sin pareja es otra opción, querer ser madre sola o madre con otra mujer son también opciones, en esto el sistema sanitario público "ni entra ni sale", decida usted lo que quiera hacer con su vida "pero a mi no me mire".
Sin embargo, la infertilidad no es una opción, es una enfermedad y como tal es tratada por el sistema de salud público.
Es claro a la vista de este Real Decreto que las mujeres solas o las parejas de lesbianas no pueden acceder a un tratamiento de fertilidad financiado por la sanidad pública y que por tanto el sistema sanitario asturiano no está discriminando ni es lesbófobo, responde "ciego" a la legislación vigente.
Otra cosa distinta sería que ante un diagnóstico de esterilidad o una indicación clínica establecida, el servicio público de salud se negara a atenderlas por no tener “un hombre” a su lado, cosa que, evidentemente sería inadmisible pero que, según parece, hasta el momento no se ha dado.
Ahora si, ¿por qué digo "ciego"?Porque el sistema sanitario ha obviado que desde la aprobación del Real Decreto de la Cartera de Servicios en el año 2006 nuestras normas de reconocimiento de derechos y libertades de las mujeres y de las personas del colectivo LGTB han evolucionado mucho, al tiempo que lo ha hecho también nuestra sociedad, la diversidad de modelos de familia, el respecto a las diferentes opciones sexuales...
El reconocimiento del derecho al matrimonio de las personas del mismo sexo, la ley de identidad de género, la ley para la igualdad efectiva de mujeres, la ley de reproducción asistida, la ley de salud sexual y reproductiva, la futura ley de igualdad de trato...estos han sido, y espero sigan siendo, los tiempos de los derechos de ciudadanía.
Por tanto, sería a mi juicio pertinente, que como ha dicho la Ministra de Sanidad e Igualdad, esta cuestión sea planteada en el órgano en el que las Comunidades Autónomas y el Estado toman decisiones al respecto del sistema sanitario y que, además, en mi opinión, se avanzara hacia la extensión de la prestación. El problema es la respuesta a la pregunta: ¿en qué términos?.
No nos engañemos, la solución no es fácil y el debate será duro. En primer lugar no estamos en tiempos de café para tod@s, no es fácil ganar la batalla para la ampliación de una prestación sanitaria en tiempos de crísis, y menos esta con toda la carga ideológica implícita, ...el argumento facilón de que ahí está sin cubrir la asistencia odontológica tardará segundos en ponerse encima de la mesa, de hecho ya lo está...
Pero es que además , ¿financiamos con fondos públicos la fecundación asistida a todas las mujeres? A primera vista, ¿por qué no? ...entonces... ¿a las de 50 años también?, ¿a la que ya tiene familia numerosa también?, ¿a las menores? ¿independientemente de la renta? ¿dónde está el límite? ¿por que no recurrir a la adopción?.....
Honestamente, no parece fácil y tampoco tengo claro que, desde una perspectiva feminista, no nos estemos "liando" si exigimos a nuestro estado que ponga a disposición de la sociedad tantos fondos como sean necesarios para que las mujeres tengamos tantas criaturas como se crea oportuno...y todo ello a base de hormonas y tratamientos que suponen riesgos para la salud.
En definitiva y por recapitular, parece que debemos avanzar para dar respuesta a las pluralidad de nuestra sociedad y de las familias del siglo XXI pero no es esta una cuestión que, como a primera vista pudiera parecer, "se resuelva en un minuto". Por tanto, me gustaría también que, mientras encontramos la respuesta, hagamos una interpretación de la norma que sea lo más favorable posible para las personas afectadas, lo más humana, compresiva y respetuosa posible con una cuestión fundamental para la vida de muchas mujeres, sean lesbianas o heterosexuales, como es la decisión sobre la maternidad.
Pero seamos cautelosas, combatamos la demagogia ajena pero también la propia, huyamos de posiciones maximalistas, no caigamos en el absurdo y vayamos pasito a pasito...me temo que sino esta batalla está perdida.
NOTA: En tanto en cuanto el sistema sanitario no resuelva las dos denuncias efectuadas en Asturias creo que lo correcto es que no opine públicamente del particular de estos casos concretos.
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