viernes, 12 de marzo de 2010

Sobre la presencia del Juez Serrano en Oviedo

Os dejo las declaraciones textuales que está mañana formulé ante los medios de comunicación ante la conferencia "La discriminación en la Ley Integral contra la violencia de género y su influencia en los procesos de familia" que hoy acogió el Colegio de Abogados de Oviedo.

1.-Sobre las opiniones de los conferenciantes y en relación a las acusaciones de censura.

No se trata de censurar a nadie. El juez Serrano y las personas que piensan como él son muy libres de dar su opinión, igual cualquier ciudadano o ciudadana de este país.

Pero si me gustaría señalar que se trata de sectores minoritarios de nuestra población que se resisten a la conquista de la igualdad efectiva.

Únicamente les pediría cautela, porque de algún modo están cuestionando la credibilidad de las mujeres y pueden estar influyendo en la decisión de mujeres que estén pensando en romper una relación violenta por miedo a no ser creídas.

Creo que es necesario recordar que el 80% de las mujeres asesinadas anualmente no habían denunciado su situación y que, por tanto, es muy importante que impulsemos la toma de decisión de las mujeres, que impulsemos el incremento de las denuncias Y esto es lo que preocupa y ocupa realmente al Instituto Asturiano de la Mujer.


2.- Colegio de Abogados de Oviedo

Lo que el Instituto Asturiano de la Mujer no alcanza a comprender y por lo que nos vamos a dirigir formalmente al Colegio de Abogados de Oviedo, es que una entidad que es competente en el desarrollo de la Ley Integral contra la Violencia de Género , que debe gestionar el turno especializado de Violencia de Género , que es parte del Protocolo Interdepartamental para mejorar la atención a las mujeres víctimas de género, y que, además, colabora con el Instituto Asturiano de la Mujer en la formación desde la perspectiva de género de las y los letrados que constituyen este turno, organice, en paralelo y desde su departamento de formación, una actividad que lleva por título la discriminación en la Ley Integral de la Violencia de Género; cuestionando de algún modo nuestro ordenamiento jurídico y poniendo en cuestión una Ley aprobada no sólo con el consenso de todos los grupos políticos, sino ratificada por el Tribunal Constitucional.